El reciente escándalo del concurso de selección de la UNAM en 2026 con su primer intento de examen completamente en línea, guarda similitudes y contrastes con la crisis que vivió la UdeG en 2021, cuando hubo fallas logísticas que abrieron la puerta a trampas masivas, alterando los puntajes mínimos de ingreso y forzando a la rectoría a tomar medidas extraordinarias de emergencia.
El actual subsecretario de Educación Superior de la SEP, Ricardo Villanueva Lomelí, era rector de la UdeG en ese 2021 y en conjunto con el consejo de rectores decidió anularlo tras haberse aplicado la prueba del 19 al 21 de noviembre de 2020, debido a que se filtraron y circularon en redes sociales y aplicaciones de mensajería fragmentos de dicho examen.
La investigación realizada apuntó a que una escuela particular, el Instituto Lumiere, que ofertaba cursos de preparación para el examen de admisión de la UdeG, al parecer envió a profesores a realizar dicho examen el primer día para obtener las respuestas y comercializarlas o difundirlas.
El escándalo por la filtración del examen para el calendario 2021-A derivó en disputas legales y un cambio de estrategia de la universidad para evitar un contagio masivo de covid 19, que por esas fechas estaba en su máxima expansión.
El rector Villanueva anunció que la prueba invalidada se iba a repetir de forma presencial el 6 de febrero de 2021, pero los planes cambiaron justo por la pandemia, por lo cual el Consejo de Rectoras y Rectores determinó que era inviable y sumamente peligroso movilizar presencialmente a más de 25 mil aspirantes.
Por ello el examen de reposición fue cancelado por completo y la admisión para ese ciclo escolar se resolvió evaluando al 100 por ciento de los aspirantes únicamente con su promedio de bachillerato.
Además como la resolución por promedio generó inconformidades en quienes confiaban en su puntaje del examen, la universidad determinó condonar el pago del derecho a examen para el siguiente calendario (2021-B) a los más de 20 mil alumnos que resultaron «no admitidos» en esa vuelta.
Debido a que el examen de admisión es propiedad intelectual, College Board tomó la batuta legal y encabezó las demandas judiciales en contra del Instituto Lumiere por violación a los derechos de autor al lucrar y difundir material privado y registrado de la editorial.
El Instituto Lumiere emitió un comunicado defendiéndose, negando la venta o distribución de los reactivos y entre sus argumentos señaló que la responsabilidad del resguardo y la filtración correspondía directamente a los controles internos de la UdeG.
A pesar del descontento generado y del fallo de seguridad masivo, la UdeG no rompió su contrato con College Board y ambas instituciones restructuraron por completo la logística para los semestres posteriores.
El problema principal fue que, debido a la pandemia, College Board entregó una única versión del examen para los tres días de aplicación y por ello a partir del siguiente ciclo se exigió que cada día y turno contara con versiones y reactivos diferentes para neutralizar cualquier intento de filtración masiva.
Además se endurecieron los controles de acceso en las aulas para la aplicación de la prueba, se prohibió el ingreso de celulares, relojes inteligentes y cualquier dispositivo capaz de capturar imágenes, mientras las auditorías al personal interno que transportaba y custodiaba las pruebas se volvieron mucho más estrictas.
Con información de: La Jornada
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