«No es un delito grave» consideró el abogado de Raúl N., tras lograr que el joven enfrente su proceso judicial en libertad, a pesar de los señalamientos de homicidio culposo que la Fiscalía ha formulado en contra, luego del accidente ocurrido el pasado domingo 2 de agosto en la carretera libre Villa Juárez-Cerritos, que resultó en la muerte de la joven Lizbeth Castro González.
Las investigaciones han cobrado relevancia luego de que se confirmara que el joven imputado es hijo de la diputada del Congreso del Estado de San Luis Potosí, Leticia Vázquez Hernández, y del regidor del Ayuntamiento de Cerritos, Raúl Reyes Tapia.
En entrevista, la defensa de Raúl N. señaló que al ser considerado que no es un delito grave, el imputado puede llevar su proceso en libertad, así mismo comentó que en este tipo de situación, «las penas son bajas».
Negó que la relación y parentesco de Raúl N con los funcionarios públicos antes mencionados tenga el proceso judicial a favor del señalado, sino que al contrario, comentó que las autoridades iniciaron con una orden de aprehensión a la cual no pudo ser ejecutada debido a un amparo otorgado por un juez federal.
Precisó que la clasificación jurídica que está señalando la Fiscalía en contra de Raúl N. es de homicidio por culpa con la agravante de conducir en estado de ebriedad, aunque argumentó que estos señalamientos únicamente se derivan por declaraciones de personas que supuestamente vieron al hijo de la diputada consumiendo bebidas embriagantes antes del accidente «y es la única prueba que tiene la Fiscalía».
El abogado aseguró que Raúl N. no iba en estado de ebriedad cuando ocurrio el accidente y que esa misma información será integrada a la carpeta de investigación para que se valide a favor del imputado con ello logar que la pena sea de sólo un mes o hasta cinco años en prisión.
Será la autoridad judicial la que analice los elementos que serán presentados en la audiencia que continuará el próximo sábado 22 de agosto, a fin de decidir si existen datos suficientes para vincular al hijo de la diputada a proceso, lo que podría marcar un paso decisivo en la búsqueda de justicia por la muerte de Lizbeth.
ACTIVISTAS DENUNCIAN PRIVILEGIO
Debido al parentesco del señalado con ambos funcionarios públicos, la familia de la víctima ha denunciado privilegios para el responsable tras referir que las autoridades integraron el expediente con escaso peritaje en materia de tránsito.
Asimismo, activistas denunciaron que el día de ayer domingo se utilizó a la Guardia Civil Estatal para resguardar al joven y custodiarlo hasta su domicilio, participando al menos 12 elementos en tres patrullas, por lo que advirtieron que el caso ha estado siendo intervenido por la diputada para obtener un beneficio para su hijo, quien ahora enfrenta su proceso en libertad.
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