El Consulado General de México en Miami informó que, actualmente, 78 ciudadanos mexicanos permanecen detenidos en el “Centro de Detención de los Everglades”, conocido coloquialmente como Alligator Alcatraz. La cifra forma parte de un total de 384 personas recluidas en esta instalación migratoria, que se ha convertido en el epicentro de un debate político y judicial en Estados Unidos.
El cónsul general, Rutilio Escandón ―acompañado del área de Protección Consular― realizó esta semana la quinta visita al centro. Esto en seguimiento a una política de verificación que inició hace más de un mes. Durante la inspección, funcionarios entrevistaron exhaustivamente a 14 connacionales con lo que suman 119 mexicanos visitados en el lugar.
“Constatamos que todos se encuentran en buenas condiciones, escuchamos sus preocupaciones y necesidades, y solicitamos que reciban un trato digno y respetuoso, así como atención médica quienes tienen algún padecimiento”, detalló Escandón en un informe oficial emitido a través de la cuenta oficial en la red social X.
De acuerdo con el reporte consular, las personas detenidas manifestaron que tienen acceso diario a llamadas telefónicas con sus familiares y que sus procesos migratorios avanzan. Las autoridades estadounidenses prevén que la mayoría de ellos salga del centro “en cuestión de días”, ya sea para ser retornados a México o trasladados a otras instalaciones. Todo depende, según lo informado, de su situación jurídica.
Sobre esa misma línea, el consulado reiteró que la prioridad del gobierno mexicano es garantizar la protección y acompañamiento integral de sus connacionales. “Nuestro compromiso es dar seguimiento puntual a los procesos y brindar orientación y asistencia en este y otros centros de detención que visitamos de manera continua”, señaló Escandón.
“En este caso no hubo simplemente ‘deficiencias’ en el proceso de la agencia. No hubo proceso alguno. La construcción y operación de este centro de detención migratoria en un ecosistema tan sensible como los “Everglades” se hizo sin respetar las obligaciones básicas de la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA en inglés)“, explicó.
A ello, la magistrada Kathleen Williams añadió lo siguiente:»El daño ya causado es significativo e irreversible si no se actúa de inmediato, por lo que este tribunal ordena la suspensión inmediata de nuevas detenciones en las instalaciones, así como el desmantelamiento de la infraestructura principal en un plazo de 60 días», sentenció finalmente en su determinación judicial contra el “centro migratorio”.
Con información de: Infobae
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