La industria de los ultraprocesados –productos que, a partir de técnicas industriales, se modifican para añadir sodio, azúcares y grasas saturadas– “no tiene un compromiso con la salud, sino con el negocio”. Por décadas, “lo que han hecho es debilitar y oponerse a la aplicación de políticas públicas en beneficio de niñas, niños y adolescentes”, coinciden expertos e investigadores de la nutrición infantil.
Su participación en el diseño y aplicación de políticas orientadas a la salud alimentaria y el bienestar nutricional de la población representa, en realidad, un riesgo de conflicto de intereses, alertan al mismo tiempo, las organizaciones Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud.
Incluso, los organismos de Naciones Unidas han recomendado establecer mecanismos de blindaje para que empresas del sector “no participen, financien, patrocinen o interfieran en el diseño y evaluación de políticas alimentarias”.
Ante la puesta en marcha en marzo pasado de los nuevos lineamientos que prohíben la venta y publicidad de los productos ultraprocesados en las escuelas; especialistas alertaron que dicha industria busca mecanismos alternativos para “seguir presente” en las escuelas.
Las estrategias, afirman, son diversas: la “donación” de básculas, obsequio de lentes para los alumnos o la promoción de programas deportivos como el Torneo Nacional de Futbol Escolar, que se realizó en todas las primarias públicas del país en el pasado ciclo escolar, así como con el fomento de “programas sociales y de apoyo comunitario”.
El doctor Simón Barquera Cervera, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud (CINS) del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), advierte que en México una de cada tres niñas, niños y adolescentes enfrentan sobrepeso y obesidad, lo que “en años recientes está muy vinculado al cambio de dieta” en ese sector de la población.
Con información de: La Jornada
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