El gobierno de Donald Trump busca cazarrecompensas para alcanzar la meta de deportar a un millón de migrantes por año. Hace unos días, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) abrió una convocatoria pública por “necesidad inmediata” de “servicios de rastreo de personas”, en la que invertirá 180 millones de dólares.
En una investigación, MILENIO identificó que tras el emplazamiento, los contratistas privados empezaron a publicar, en plataformas como Linkedin, solicitudes de personal que ofrecen pagar 300 dólares por cada “sospechoso” localizado.
Aunque de momento el ICE no pide abiertamente la intervención directa en arrestos, ya hay denuncias de que esta modalidad ha sido utilizada por firmas de seguridad privada como G4S/Allied Universal, que tiene contratos millonarios para transportar detenidos, pero cuyo personal ha participado en operaciones de captura, lo cual está prohibido por las leyes federales.
Esto se suma al reclutamiento apresurado de diez mil agentes por parte del ICE y tres mil más para la Patrulla Fronteriza, como reportó MILENIO el 8 de octubre, bajo una dispensa de requisitos que reduce la calificación profesional de los agentes y favorece abusos de los derechos de las personas.
Desde principios de año, miles de videos en redes sociales documentan persecuciones, golpizas y detenciones que ejecutan hombres encapuchados que no se identifican ni son capaces de responder a cuestionamientos sobre la autoridad con la que actúan.
Esto continúa la tendencia a privatizar el cerco a los indocumentados, lo que el Brennan Center for Justice llama el “complejo de deportación-industrial” (deportation-industrial complex), como eco del complejo militar-industrial denunciado por el ex presidente Dwight Eisenhower en su discurso de despedida en 1961.
Eisenhower advertía de los efectos nocivos del vínculo entre las empresas armamentistas y los órganos gubernamentales de defensa.
Es precisamente lo que parece estar en marcha, una gigantesca transferencia de recursos hacia empresas privadas dedicadas, en este caso, a la cacería de personas: si sólo se considera el presupuesto anual para la detención de inmigrantes, ya es 62 por ciento mayor que el de todo el sistema penitenciario federal.
Asimismo, mientras que menos del diez por ciento de la población carcelaria total de Estados Unidos estaba recluida en prisiones privadas en enero de este año, en el caso de los migrantes el dato ascendía al 86 por ciento, según el Migration Policy Institute.
Con información de: Milenio
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