El Ejecutivo parece no haber ganado un respiro con el nombramiento de José María Balcázar como el nuevo presidente del Perú. La tempestad en la investidura continúa. Balcázar tiene más de una cuenta pendiente con la justicia. Cuando la ciudadanía requiere que el abogado de 83 años destine todos sus esfuerzos en los cinco meses de transición que marcan su horizonte, Balcázar afrontará un juicio en unos meses. El 16 de junio deberá responder por el presunto delito de apropiación ilícita que se le imputa durante su gestión como decano del Colegio de Abogados de la región costera de Lambayeque.
Se le acusa de haber desfalcado los fondos de dicha institución al haber dispuesto que diversos pagos de los agremiados sean depositados en sus cuentas personales. En caso de no asistir presencialmente a la sala de audiencias del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo, ni tampoco hacerlo de manera virtual, Balcázar corre el riesgo de ser declarado reo contumaz y, con ello, abrir la puerta para que se emita una orden de captura en su contra. Debido a que la citación fue notificada en septiembre, el proceso no guarda relación con su actual cargo y, por tanto, no goza de inmunidad.
“Existen saldos de dinero que, al menos en la pericia contable oficial, no se ha justificado su destino”, dice la Fiscalía. Según un informe pericial contable, en una de las cuentas aperturadas por Balcázar, en 2019, se realizaron depósitos en efectivo por un total de 110 mil soles (32 mil dólares) mientras que en el 2020 los depósitos fueron de más de medio millón de soles (148 mil dólares). Esta cuenta fue cancelada a inicios de 2021.
En la antesala a su elección en el pleno extraordinario, el Colegio de Abogados de Chiclayo se opuso a su candidatura sin diplomacias: “En una sociedad que exige convivencia dentro del marco de los valores, principios e integridad,rechazamos de manera categórica de que se elija a alguien que ha causado y continúa causando, con su inconducta, un grave perjuicio a su propio colegio profesional”.
En el 2015, el sucesor de Jerí ejerció la defensa legal de un sentenciado a cadena perpetua por violar a su hijastra desde los nueve hasta los diecisiete años. La menor quedó embarazada en segundo grado de secundaria y abortó hasta en tres ocasiones con medicamentos que le suministró el sujeto. Balcázar intentó rebajar la cadena perpetua a 35 años de cárcel, alegando que la víctima tenía entre 14 y 18 años. Pero los jueces no modificaron la pena.
Con información de: El País
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