En estos días convulsos, ensombrecidos por la acusación formal interpuesta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra del entonces gobernador en funciones de Sinaloa Rubén Rocha Moya por vínculos con el narcotráfico, ha vuelto a rondar un fantasma con el que México no ha sabido lidiar históricamente: el del intervencionismo estadunidense.
“Si ellos no van a hacer el trabajo, nosotros lo haremos”, sentenció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la publicación de la Estrategia Antidrogas 2026, un programa para “identificar y desmantelar organizaciones criminales transnacionales y organizaciones terroristas extranjeras que operan en su territorio”. Un par de días más tarde, luego de que la presidenta de México Claudia Sheinbaum se manifestara al respecto argumentando que el gobierno que encabeza sí está “actuando” para paliar la crisis de salud y seguridad derivada del tráfico de drogas, Trump volvió a arremeter sin paliativos: “Los cárteles gobiernan México. Nadie más”.
Por mucho que Sheinbaum haya abrazado con absoluta convicción la narrativa obradorista de la soberanía nacional como antídoto perenne al hostigamiento político del vecino incómodo y haya sostenido fervorosamente que su relación con Trump es de “iguales”, el presidente de Estados Unidos ha utilizado recurrentemente foros públicos para perpetuar la amenaza de la intervención militar y caricaturizar a su homóloga mexicana con mensajes teledirigidos que destilan, según la coyuntura, ironía, machismo y vileza. Y, en la mayoría de los casos, todas las anteriores al mismo tiempo.
“Estamos haciendo muchísimo, muchísimo, y él lo sabe, y lo saben las autoridades de Estados Unidos: hay disminución de los homicidios dolosos en México; hay cerca de 2 mil 400 laboratorios que se han destruido, de producción principalmente de metanfetamina”, matizó la presidenta.
Trump cobró una nueva dimensión como bravucón profesional al dinamitar el derecho internacional a partir de dos sucesos recientes: intervenir en Venezuela para secuestrar y deponer a Nicolás Maduro como presidente —acusándolo de narcoterrorismo con pruebas fabricadas por la DEA— y bombardear a Irán para descabezar al régimen clerical de los ayatolas que, además de ser un enemigo acérrimo tras la toma de la embajada estadunidense que precedió a la Revolución Islámica de 1979, es el principal valedor financiero e ideológico del llamado Eje de la Resistencia, una coalición política-militar de corte chiita, antiestadunidense y antiisraelí con presencia en Líbano, Yemen, Irak, Siria y algunos brazos sunitas en Palestina.
Lo anterior supuso un cambio radical en la narrativa de abierta hostilidad con la que se ha relacionado con su vecino del norte, Canadá, y su vecino del sur, México, sus socios en el futbol.
Mientras a uno lo idealiza como una suerte de “estado 51” sin personalidad propia, México es visto como un “narcoestado ingobernable” que exige tajantemente ser intervenido militarmente. Dicha circunstancia no hace más que acentuar varios de los absurdos que subyacen a la sede compartida por Estados Unidos (13 ciudades y 78 partidos), México (tres ciudades y 13 partidos) y Canadá (dos ciudades y 13 partidos) rumbo al Mundial 2026.
Con información de: Proceso
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