En los planteles educativos de Sinaloa se regulará el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos durante el horario escolar; no se trata de una prohibición, sino de una restricción para los estudiantes bajo reglas que deberá establecer la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC). La reforma, aprobada este jueves por el Congreso del Estado de Sinaloa, busca prevenir riesgos como el ciberacoso, reducir las distracciones en las aulas y fortalecer la concentración y el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes.

Por unanimidad, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el dictamen que reforma la Ley de Educación y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa para regular el uso de teléfonos celulares y demás dispositivos electrónicos durante el horario escolar en instituciones de educación básica y media superior.

La reforma establece que no existe una prohibición absoluta del uso de celulares en las escuelas, sino una regulación que permitirá su utilización únicamente con fines académicos o en casos de emergencia debidamente justificados. La aplicación de las nuevas disposiciones quedará en manos de la SEPyC, dependencia que deberá definir los lineamientos específicos para cada plantel educativo.

Durante la discusión del dictamen, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge González Flores, celebró la aprobación de una iniciativa que, recordó, fue presentada por su grupo parlamentario hace más de un año, pero permaneció sin dictaminar hasta que el debate sobre el uso de teléfonos celulares en las aulas adquirió relevancia nacional.

Durante su intervención en tribuna, González Flores sostuvo que la reforma no busca prohibir la tecnología, sino establecer reglas claras para que los dispositivos electrónicos sean una herramienta para la educación y no una distracción que afecte el desarrollo académico y social de las y los estudiantes

“Lo importante es que hoy estamos dando un paso en favor de nuestras niñas, niños y adolescentes. La tecnología debe estar al servicio de la educación y no convertirse en un obstáculo para el aprendizaje”, expresó.

La Comisión Dictaminadora concluyó que, aunque las iniciativas presentadas por distintos grupos parlamentarios tenían diferencias en su contenido, todas coincidían en la necesidad de regular el uso de dispositivos electrónicos dentro de las aulas para garantizar ambientes de aprendizaje adecuados, libres de distracciones y con un enfoque de prevención de riesgos digitales.

La reforma responde a una preocupación creciente por el uso excesivo de la tecnología entre niñas, niños y adolescentes, fenómeno que diversos estudios han relacionado con una disminución en la capacidad de concentración, el rendimiento escolar y la convivencia dentro de los planteles educativos.

Con información de: La Jornada

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