Legisladoras de Morena y Movimiento Ciudadano presentarán iniciativas para prohibir, o al menos regular a escala federal, las escuelas particulares de tipo militar, luego del f3minicidio de Dafne Zapata Quintos, de 13 años, ocurrido el 16 de julio en la “Academia Militarizada Marina Doenitz”, en Ciudad Madero, Tamaulipas.
El caso no es aislado. En los últimos tres años otros dos menores muri3ron en instituciones del mismo tipo: Zamir Pinto, de 16 años, el 27 de noviembre de 2023, por golpes recibidos en el Colegio Militarizado Aztlán, en Tultitlán, Estado de México; y Erick Torbellín, de 13 años, el 25 de abril de 2025, por una g0lpiza durante un campamento organizado por la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, con sede en la Ciudad de México.
En ambos casos hay personal detenido y vinculado a proceso por h0micidio.
De acuerdo con un recuento del Sistema de Información y Gestión Educativa, al menos 15 academias de este tipo operaban con registro vigente en 11 estados del país hasta mayo de 2025.
Las escuelas tipo militar operan al amparo de un reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo de 1943, que faculta a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para autorizar el funcionamiento de planteles educativos particulares de tipo militar.
Esa facultad, sin embargo, quedó sin efecto. El 29 de diciembre de 2008 se publicó el Reglamento Interior de Sedena, que derogó las disposiciones administrativas contrarias a ese ordenamiento. Con base en ello, la dependencia sostuvo en un comunicado del 25 de julio último que no tiene relación con la “Academia Doenitz” ni con ningún otro plantel de este tipo, y que carece de facultades para autorizar, supervisar, inspeccionar o regular su funcionamiento.
La Ley General de Educación tampoco reconoce una categoría de «escuela militarizada». Faculta a las autoridades educativas locales para autorizar que particulares –entre ellos esas academias– operen y obtengan el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).
Sobre ese vacío legal hay dos lecturas jurídicas encontradas entre legisladoras que impulsan cambios a la ley.
La senadora de Morena Guadalupe Chavira De la Rosa, secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos, anunció que se revisaría la legislación de las escuelas militarizadas privadas, tras el feminicidio de Dafne y la muerte de Erick Torbellín el año pasado. En entrevista con Proceso explicó que los legisladores están revisando la Ley General de Educación porque, asegura, establece algunos lineamientos sobre estas escuelas, pero deja en ambigüedad otros conceptos:
«Estamos analizando según lo establecido en el cuarto constitucional y en la Ley General de Educación no está autorizada este tipo de educación militarizada, pero en el caso de las secretarías locales de educación les permite una cierta responsabilidad de otorgar las autorizaciones para la operación de escuelas”.
Chavira agrega que en “la Ley General de Educación está estableciendo con esa claridad que no se autorizan, pero no prohíbe expresamente. No hay una prohibición expresa que en su articulado establezca que la educación militarizada está prohibida.
“Lo que estamos nosotros viendo en las páginas públicas de diversas escuelas militarizadas muestran que se rigen por un decreto que ya está fuera de contexto, fuera del tiempo. Es de 1943.»
La secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos detalla que lo que buscan es homologar a escala federal los criterios en La Ley General de Educación para que otras instituciones educativas de los estados se prohíban este tipo de escuelas militarizadas.
La diputada panista Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, sostiene una lectura distinta: para ella la ley ya prohíbe este tipo de educación, y el problema no es legislativo, sino de aplicación. Dijo a este medio que lo primero que debe exigirse es justicia para los padres de Dafne, y después legislar sobre el tipo de educación que se ofrece en estos planteles, aunque insistió en que no deberían existir porque no están permitidos:
“Evidentemente no es algo legal ni algo permitido, así es que el tema de fondo es más bien ver qué tipos penales, cuáles son los delitos que en su caso se pueden cometer cuando hay algún tipo de abuso, violaciones, a lo mejor hasta trata, en fin, me parece que la discusión en términos de las escuelas militarizadas no debería existir porque no están permitidas.
“En estricto sentido lo que tendrían que hacer es aplicar la ley actualmente. Lo que hay que exigir es que se aplique la ley para los responsables de este caso en específico. Y si hay una discusión a posteriori a propósito de este tipo de educación en ciertos tipos de escuelas no limita que a estas personas actualmente las sancionen.»
Con información de: Proceso
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