El senador panista Ricardo Anaya Cortés acusó al Gobierno federal de proteger al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pese a que un gran jurado de Estados Unidos emitió una acusación formal en su contra, una jueza federal giró una orden de aprehensión y las autoridades estadounidenses solicitaron su extradición. El legislador señaló que, mientras tanto, el Ejecutivo mexicano sostiene que no existen pruebas suficientes para proceder contra el mandatario sinaloense con licencia.
El reclamo: aplicar el tratado de extradición
Según Anaya, el Gobierno mexicano debería cumplir el tratado de extradición vigente entre México y Estados Unidos, el cual —de acuerdo con lo expuesto por el senador— establece que las personas señaladas deben ser detenidas de manera provisional para que corra un plazo de 60 días en el que se presenten las pruebas correspondientes y, en su caso, se proceda a la extradición.
Reportes periodísticos han documentado que el caso contra Rocha Moya se originó tras una investigación de un fiscal estadounidense, que después fue avalada por un gran jurado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, y culminó con una orden judicial. La Fiscalía General de la República (FGR), por su parte, ha señalado públicamente que no cuenta con elementos suficientes para proceder contra el exgobernador.
Como parte de su argumento, Anaya destacó que dos de los colaboradores más cercanos a Rocha Moya —quienes se desempeñaron como su secretario de Finanzas y su secretario de Seguridad Pública— se presentaron de manera voluntaria ante autoridades estadounidenses y, según el senador, están aportando información dentro del proceso. Esta afirmación corresponde a declaraciones del legislador panista y no ha sido confirmada de manera independiente por fuentes oficiales en el marco de esta nota.
Anaya también vinculó el caso de Ernesto Ruffo Appel, expresidiente del Consejo Consultivo del partido Somos México y exgobernador de Baja California, detenido semanas atrás por presunta participación en una red de contrabando de combustible (“huachicol fiscal”). El senador lo calificó como un “preso político” y sostuvo, sin aportar pruebas verificables en el segmento citado, que el caso habría sido utilizado para distraer la atención de los señalamientos que enfrenta la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a quien Estados Unidos le canceló la visa.
Esta última acusación —la cancelación de la visa a la mandataria— sí ha sido documentada por diversos medios. Sin embargo, las afirmaciones sobre presuntos “actos violatorios de la ley” atribuidos a la gobernadora, así como la existencia de audios que la involucrarían, corresponden a señalamientos hechos por el propio Anaya y por columnas periodísticas, sin que hasta el momento exista una confirmación oficial por parte de una autoridad competente.
Con información de: Infobae
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