Para Citi, ya existe la posibilidad de que durante el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo se implemente una reforma fiscal, aunque el planteamiento llegaría después de las elecciones intermedias de 2027.
En entrevista con Proceso, el economista en jefe para México de Citi, Julio Ruiz, explicó que sí podría surgir una propuesta de reforma fiscal durante el actual sexenio, pero sería después de 2027, año electoral en el que se renovarán las diputaciones federales y locales, 17 gubernaturas, así como presidencias municipales.
“Podremos pensar en que eventualmente sí podrá haber una reforma fiscal, pero eso tomará tiempo (…) sobre todo después de las elecciones intermedias”, expuso.
La posibilidad que ya contempla Citi coincide con lo que recientemente el área de investigación de BBVA, el banco más grande del sistema financiero mexicano, expuso que México necesita una reforma fiscal y 2028 sería el año clave para llevarla a cabo, antes de que las presiones sobre las finanzas públicas aumenten y con ellas el riesgo de una degradación de la calificación soberana.
De acuerdo con Carlos Serrano, economista jefe de BBVA Research en México, basta con revisar el Paquete Económico 2027 para darse cuenta de que el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo no contempla una reforma fiscal para el próximo año.
“Sabemos que no va a ocurrir el año que viene porque ya se perdieron el paquete fiscal. Entonces nosotros creemos que transcurridas las elecciones intermedias sería ideal que ya se planteara esta reforma”, expuso a este medio de comunicación.
Sin embargo, que no se contemple una reforma fiscal para 2027 no significa que los riesgos para las finanzas públicas desaparezcan. Por el contrario, BBVA Research contempla que hacia 2030 las presiones podrían agravarse.
Y es que para ese año el gobierno federal tendrá que destinar cada vez más recursos al pago de pensiones, programas sociales, apoyos a Petróleos Mexicanos (Pemex) y al servicio de la deuda, mientras que el margen para incrementar la recaudación seguirá siendo limitado.
Es decir, una parte importante de los ingresos públicos ya está comprometida para cubrir estos gastos, dejando menos recursos disponibles para otras necesidades del país.
Inclusive, BBVA Research estima que la deuda pública podría aproximarse a más del 60% del Producto Interno Bruto (PIB) hacia 2030, aumentando los riesgos para la calificación soberana de México.
Una degradación de esa calificación podría provocar que los inversionistas exijan mayores intereses para prestarle dinero al gobierno, encareciendo todavía más el pago de la deuda y reduciendo los recursos disponibles para otros rubros del presupuesto.
Ante este panorama, BBVA Research consideró que 2028, una vez que hayan pasado las elecciones intermedias, sería el momento para que el gobierno de Sheinbaum ponga sobre la mesa una reforma fiscal.
Con información de: Proceso
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