Organizaciones y colectivos de 220 municipios y comunidades indígenas se pronunciaron en contra del proceso de consulta de la iniciativa de la Ley General de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, de la presidenta Claudia Sheinbaum, que omitió la voz de los pueblos a los que estaba dirigida la auscultación.
En el contexto del 12 de octubre, al que denominan “Día de la Resistencia Indígena”, los pueblos y comunidades organizadas en la Alianza por la Libre Determinación y Autonomía (Aldea) acusaron que el llamado “Proceso de Diálogo y Consulta Previa, Libre e Informada” sobre la iniciativa presidencial “se limitó a espacios en los que se informó en lo que consiste la iniciativa de Ley sin escuchar la voz de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en gran parte de los territorios”.
Tras reivindicar su historia, territorios y derecho a decidir, las comunidades y pueblos indígenas firmantes advirtieron que no son “pueblos del pasado ni simples destinatarios de políticas públicas”, sino que son “comunidades y pueblos vivos, con instituciones, sistemas normativos, conocimientos y formas propias de organización que han persistido frente a siglos de despojo y exclusión”.
Los firmantes rechazaron “categóricamente que la definición de áreas estratégicas, las decisiones estatales sobre política industrial y proyectos enmarcados, entre otros, en los llamados Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (Prodecobi), se utilicen como excepciones en el ejercicio pleno e nuestros derechos al territorio y bienes naturales”.
En el documento se describen las condiciones que debió tomar un auténtico proceso de participación de los pueblos, “con información clara, oportuna y suficiente, previa y durante la consulta; con tiempos adecuaos para el análisis interno previo y durante la consulta; respeto a lo externado en las mesas de trabajo; con oportunidad de que al menos una persona por comunidad/ejido pueda participar en cada mesa”, discusiones que sean llevadas en las lenguas originarias y en las que se respetaran los sistemas de decisión.
“Desde nuestras comunidades, consideramos fundamental que la ley reconozca la autonomía como un derecho; respete nuestros sistemas normativos y nuestras formas de gobierno; garantice el ejercicio de la jurisdicción indígena en condiciones de coordinación y no de subordinación; y proteja nuestros territorios frente a decisiones y proyectos que puedan afectarlos.
“Asimismo, no puede existir autonomía efectiva sin presupuesto directo, suficiente, oportuno y definido mediante reglas claras consensadas que permitan a las comunidades ejercer sus derechos y decidir sus prioridades”, resaltaron las comunidades y pueblos al exigir una reforma a la ley de coordinación fiscal.
Al exigir que “se transparente las propuestas recibidas en el actual proceso de consulta y que se integren todas aquellas propuestas que garanticen el ejercicio pleno de nuestros derechos”, las comunidades indígenas y afromexicanas que integran Aldea exigieron que “las decisiones estatales no vacíen de contenido nuestros derechos territoriales y colectivos”.
Las comunidades y pueblos recordaron que las demandas históricas de los pueblos originarios y afromexicanos están plasmadas en los Acuerdos de San Andrés y en diez puntos definidos para para el respeto de la autonomía y libre determinación, por lo que reconocieron los avances concentrados en la reforma al artículo 2 constitucional publicada el 30 de septiembre de 2024.
“Sin embargo, el reconocimiento constitucional debe traducirse en condiciones reales para ejercer la libre determinación y la autonomía. Para ello, la Ley General de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos debe garantizar que nuestros derechos no dependan de la voluntad o autorización de las institucionales del Estado”, puntualizaron los firmantes.
Las 220 comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos afiliados a Aldea firmantes consideraron que la Ley General sólo sería aceptable si se reconoce sus “realidades, demandas y decisiones colectivas”, respetando la diversidad de los pueblos y la libre determinación.
“La transformación del Estado mexicano hacia una relación intercultural, exige algo más que reconocer nuestra diversidad en las normas, requiere redistribuir el poder, garantizar recursos, respetar nuestros territorios y establecer relaciones de coordinación con nuestros pueblos y comunidades”, puntualizaron los integrantes de Aldea.
Los firmantes exigieron a que la Ley General “esté a la altura de la reforma constitucional; que el reconocimiento se convierta en autonomía efectiva; que la autonomía respete plenamente nuestros derechos al territorio, jurisdicción y presupuesto; y que nuestros pueblos sean reconocidos como sujetos colectivos de derechos, con capacidad para gobernarse y decidir su futuro”.
Las 220 comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas firmantes son originarias de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Yucatán, San Luis Potosí, Sonora, Quintana Roo y Veracruz.
Con información de: Proceso
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