El exfiscal de Chihuahua César Jáuregui se encuentra recluido provisionalmente en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, a la espera de la audiencia del sábado en que la Fiscalía General de la República (FGR) le imputará la acusación por traición a la patria por el caso de los dos agentes encubiertos de la CIA que participaron en un operativo antinarco a mediados de abril. En su primera audiencia, durante la noche del martes y la madrugada del miércoles, el juez federal determinó que Jáuregui siga su proceso bajo el régimen de prisión preventiva oficiosa. Es decir: el exfiscal permanecerá arrestado en el temible Altiplano durante el desarrollo del juicio y hasta el dictado de la sentencia. Al considerarse uno de los delitos más graves contra la seguridad nacional, esa es la medida cautelar que corresponde, según el marco legal.
La audiencia se realizó a puerta cerrada, por motivos de “seguridad nacional”, a petición de la Fiscalía. De acuerdo con la defensa de Jáuregui, el exfuncionario ha sido señalado de “falta de lealtad” a México y de presunta colaboración extranjera, en un alegato de los fiscales salpicado de referencias al nacionalismo y al “amor a la patria”. La FGR, incluso, hizo alusión a la intervención ilegal de Washington en Venezuela para secuestrar al presidente Nicolás Maduro, y advirtió de que permitir actos semejantes pondría en grave riesgo a México, han añadido los abogados. “Recordemos quién es Estados Unidos; recordemos qué hizo recientemente con Venezuela”, planteó la Fiscalía, siempre según la defensa de Jáuregui.
El exfuncionario enfrenta dos acusaciones, una a nivel estatal y otra federal. El sábado, Jáuregui fue arrestado en Chihuahua por agentes de la Fiscalía local que él comandó, acusado de ejercicio ilícito de funciones y de destrucción de documentación. Al día siguiente, luego de que el juez estatal autorizó que se le otorgase la libertad condicional, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) que aguardaban afuera del juzgado le notificaron de una nueva orden de arresto, por el delito de traición a la patria. Jáuregui fue trasladado al Altiplano y desde entonces permanece allí.
El exfiscal ha advertido un fondo político en este caso, que supone una ruptura entre él y la actual gobernadora, María Eugenia Campos, ambos militantes del PAN y viejos aliados. El panismo se había mantenido unido frente a las presiones de Morena, que intentó endilgar a Campos el delito e incluso sopesó llevarla a juicio político. Tras meses de jaloneos, llegó la sorpresiva captura de Jáuregui por parte de la Fiscalía de su vieja aliada y protegida política. Algunos sectores de la oposición advirtieron de que debió existir algún tipo de negociación y tregua entre el Gobierno federal y el de Chihuahua para que Campos dejase caer a su exfiscal. La presidenta Sheinbaum ha negado esas versiones y ha señalado que existen elementos de una mala actuación de parte de Jáuregui, al que ha tachado de irresponsable. A su vez, la gobernadora ha respaldado su arresto y ha afirmado que “nadie está por encima de la ley”, apuntalando la idea de la ruptura.
La controversia en torno a Jáuregui se remonta al turbio accidente vehicular en el que murieron, la madrugada del 19 de abril, dos elementos de la Fiscalía de Chihuahua y dos agentes que, después se supo, pertenecían a la CIA de Estados Unidos y habían ingresado a México sin autorización del Gobierno federal. Los dos funcionarios de la famosa agencia de inteligencia y espionaje han sido identificados como Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black, el primero formado en el Ejército y el segundo en la Marina de EE UU. El vehículo regresaba de una misión en la comunidad de El Pinal, en la Sierra Tarahumara, para la inspección de un enorme narcolaboratorio.
La investigación de la FGR, cuyos detalles fueron revelados por El Universal, recoge testimonios y evidencias que indican que Johnston y Black estaban armados y que salieron de las instalaciones de la Fiscalía de Chihuahua como parte del convoy táctico designado para la misión de El Pinal. Estos puntos refutan las entreveradas explicaciones que en un principio dio el Gobierno de Chihuahua para intentar explicar la presencia de los agentes extranjeros en territorio nacional y en el marco de un operativo contra el narco. Por ejemplo, primero se dijo que eran funcionarios de la embajada de EE UU que estaban realizando labores de adiestramiento. Luego, se afirmó que iban en el auto accidentado porque se encontraron con los funcionarios de la Fiscalía cuando estos iban de regreso a la capital tras la operación en El Pinal y les pidieron aventón.
Con información de: El País
+ There are no comments
Add yours