El Gobierno de Nayib Bukele ha moldeado una arquitectura fiscal opaca y discrecional que afecta los derechos económicos y sociales de los salvadoreños, concluye un nuevo informe de Amnistía Internacional tras auditar una década de evolución presupuestaria (2015-2025) en el país centroamericano. El documento, titulado Cuando el presupuesto no garantiza derechos. Deuda, opacidad y derechos sociales en El Salvador, revela que aunque el presupuesto programado del Gobierno creció casi un 70% —hasta alcanzar los 13.102 millones de dólares—, gastar más no se ha traducido en una mejora en el bienestar de la población ni en la garantía de servicios básicos.

El informe se centra en el pago del servicio de la deuda pública. Entre 2015 y 2025, los recursos destinados a pagar intereses y amortizaciones se triplicaron en términos reales, hasta convertirse en el mayor rubro del presupuesto nacional. Hoy, dos de cada diez dólares del gasto público —alrededor del 22%— van a parar a los acreedores, una cifra superior a todo el presupuesto asignado a salud y mayor también que la suma conjunta de educación, protección social y pensiones.

“Lo que mostramos en el estudio es que, por un lado, la deuda se está volviendo cada vez más difícil de financiar, pero además el destino de ese endeudamiento no se ha traducido en mejoras proporcionales en el bienestar y en el disfrute de los derechos económicos y sociales de las personas”, explica Diego Vázquez, investigador de derechos económicos y sociales para las Américas de Amnistía Internacional.

El especialista explica que el desajuste responde a una política de gasto altamente deficitaria, que empeoró por la pandemia de covid-19. Mientras la economía salvadoreña creció a un ritmo promedio de apenas el 2,5% anual en la última década —por debajo del propio costo de los intereses—, la deuda escaló hasta rondar el 88% del Producto Interno Bruto (PIB), una de las proporciones más elevadas de América Latina.

“El componente que aumentó con mayor rapidez fue el servicio de la deuda interna, creciendo a una tasa anualizada real de 18% y multiplicándose casi en siete. Los intereses de la deuda externa, por su parte, continuaron creciendo. En 2025, cerca de seis de cada diez dólares destinados al servicio de la deuda correspondían a obligaciones externas. El crecimiento acelerado del endeudamiento amenaza la capacidad futura del Estado para movilizar el máximo de recursos disponibles para el cumplimiento de derechos”, alerta el informe.

Amnistía reconoce que en El Salvador la inversión en infraestructura creció de manera acelerada en la última década, pero “se registran un alto nivel de subejercicios, retrasos y criterios de priorización que no son públicos, lo que contraviene los principios generales establecidos por la CIDH en materia de gasto público transparente y oportuno”. El documento agrega: “Esta arquitectura fiscal e institucional de gasto en infraestructura ha favorecido una gestión centralizada y poco transparente a nivel local. La sustitución del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES) por la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) concentró en el Ejecutivo la selección y ejecución de proyectos de infraestructura municipal, sin criterios públicos, claros y transparentes en la asignación de recursos, sin mecanismos de consulta municipal ni información detallada sobre costos, proveedores y resultados”.

El Gobierno se ha hundido en una opacidad que se ha traducido, según Amnistía, en una erosión de controles, participación y rendición de cuentas. “Los hallazgos muestran que gastar más no ha significado garantizar más derechos económicos y sociales”, concluye el organismo. “El gasto programado en infraestructura creció a una tasa anualizada real de 19% durante la Administración de Nayib Bukele, sin que ello produjera un aumento proporcional del crecimiento económico; adicionalmente, la evidencia recabada por Amnistía Internacional muestra proyectos con sobrecostos, retrasos, falta de articulación territorial y beneficios sociales limitados. En el caso de educación, los resultados de programas como Mi Nueva Escuela muestra un atraso en las metas para la construcción de escuelas, donde hasta 2024 sólo el 10% de las escuelas prometidas han sido construidas”, señala la investigación.

Con información de: El País

Te puede gustar

Información importante

+ There are no comments

Add yours