Con la reforma constitucional y la expedición de sus respectivas leyes secundarias impulsadas por Morena, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dejará de operar, y sus funciones pasarán a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, una dependencia federal bajo el mando de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció que se tiene previsto para el jueves 20 de marzo aprobar el dictamen para crear nuevas leyes de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde se confirma la desaparición del INAI. Su adiós se consumará al día siguiente de que se promulguen las nuevas leyes, cuando se cumplen 90 días de la aprobación de la reforma constitucional para su extinción.
En el caso del gobierno federal, la Secretaría Anticorrupción creará el organismo Transparencia para el Pueblo. Este será el nuevo encargado de vigilar que se cumpla con las obligaciones de transparencia y acceso a la información de las secretarías de Estado, y los órganos descentralizados y desconcentrados del Poder Ejecutivo, como la Comisión Nacional del Agua o el DIF.
Aunque como ya te hemos mencionado, especialistas cuestionan que al ya no contar con un órgano autónomo el gobierno será juez y parte, para decidir qué información debe entregarse y cuál no.
En el caso de las Cámaras de Diputados y el Senado, las contralorías internas estarán a cargo de vigilar que cumplan la ley en la materia. Mientras que en el Poder Judicial de la Federación, el órgano de control y disciplina actuará como instancia que garantice la transparencia.
Para los órganos constitucionales autónomos, como el Inegi, el Banco de México o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esa labor la tendrán que cumplir los órganos internos de control de cada institución.
Mientras que el Instituto Nacional Electoral (INE) lo hará con los partidos políticos nacionales; y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje cumplirán esta función para el caso de los sindicatos.
Por otro lado, cada entidad federativa tendrá que instalar su propia autoridad estatal similar a Transparencia para el Pueblo, para el Poder Ejecutivo local; mientras que en los poderes legislativo y judicial, así como en los órganos autónomos estatales, los órganos de contraloría interna vigilarán el cumplimiento de las obligaciones de la transparencia.
Con información de: Animal Político
+ There are no comments
Add yours