El Gobierno de Claudia Sheinbaum necesita encontrar fuentes de recaudación para financiar los programas sociales, pilares de su proyecto y donde se mantiene un gran apoyo social, y las obras de infraestructura que planea.
Para eludir la tantas veces rechazada reforma fiscal y el endeudamiento, el Ejecutivo ha encontrado una alternativa en la reforma a la Ley de Amparo que, potencialmente, le permitiría ingresar hasta dos billones de pesos más: el monto al que ascienden las deudas fiscales de grandes contribuyentes que se encuentran atoradas en los tribunales por la interposición de sucesivas impugnaciones.
Ese objetivo se ha visto entrampado por los desencuentros entre facciones del oficialismo de los tres poderes, particularmente entre sus asesores jurídicos Arturo Zaldívar y Ernestina Godoy, el senador Javier Corral y el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar.
Esos choques derivaron en que el Senado aprobara una reforma con una cláusula contraria al precepto constitucional que prohíbe la retroactividad de las leyes. La mandataria, que no incluyó este punto en su propuesta inicial, tuvo que dar un golpe sobre la mesa para evitar que un proyecto tan crucial para su Gobierno terminara descarrilando. EL PAÍS reconstruye, a partir de fuentes en la órbita de los involucrados, una semana en la que el cruce de agendas puso en jaque la iniciativa.
El afán recaudatorio del proyecto aparece reflejado en el texto de la reforma y ha sido reiterado en numerosas ocasiones por la presidenta. Las técnicas dilatorias de los deudores fiscales, se lee en la redacción aprobada por el Senado el miércoles, “soslayan la capacidad del Estado para cobrar eficazmente los créditos fiscales firmes, lo que afecta a la recaudación y, por ende, tiene un impacto negativo en el financiamiento de servicios públicos”.
En la misma línea, el Fondo Monetario Internacional apuntaba en su informe de septiembre al agujero en las arcas públicas que el Gobierno debe llenar si quiere continuar con sus programas sociales, y recomendaba tomar “medidas concretas” equivalentes al 1,5% del PIB.
De ahí la importancia de la reforma. Según los datos de Hacienda, a junio de 2025 hay casi 196.500 créditos fiscales en pugna en los tribunales. Todos ellos suman algo más de dos billones de pesos que, si bien difícilmente pueden ser recuperados en su totalidad por el Gobierno, demuestran el boquete de lo que deja de recaudar el Estado por el abuso del amparo, caso del empresario Ricardo Salinas Pliego. “Hasta cierto punto, este proyecto parece una reforma fiscal sin llamarla reforma fiscal”, apuntala la jurista Melissa Ayala.
Aunque la recaudación se configuraba como el trasfondo principal de la iniciativa, había otros usos de esa herramienta que se ponían en riesgo, a decir de organizaciones civiles y juristas, como las demandas por afectaciones a la salud, la educación o el medio ambiente. Ante la polémica, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el morenista Javier Corral, convocó a foros públicos en los que se discutieron esas preocupaciones.
La Corte fue invitada a estas sesiones, pero su presidente, Hugo Aguilar, prefirió tener un encuentro privado con la consejera jurídica, Ernestina Godoy, para presentarle sus sugerencias. Eso ocurrió el 25 de septiembre, jueves. La propuesta del ministro sufrió sucesivos cambios antes de llegar al Senado, donde la redacción final, de la que nadie se hace responsable, detonó la crisis y la posterior intervención de Sheinbaum.
Con Información de: El País
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